Por: Alfredo Fernández de Lara Gaitán El pasado miércoles 31, en un hecho inédito y que ha causado mucha indignación al interior de la sociedad mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió …
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Pero qué necesidad: Peña Nieto y Trump
Por: Alfredo Fernández de Lara Gaitán
El pasado miércoles 31, en un hecho inédito y que ha causado mucha indignación al interior de la sociedad mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, quien se ha destacado por su retórica antiinmigrante y especialmente antimexicana.
De más está hacer un recuento, de la cantidad de vituperios que Trump ha pronunciado a lo largo de su campaña en contra de los latinos y en particular de los mexicanos. Por tal razón, diversos actores, tanto intelectuales como Enrique Krauze, el ex canciller Jorge G. Castañeda, los lideres de los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y amplios sectores de la sociedad civil, han expresado su sorpresa e indignación por el hecho de que Peña Nieto invitará y recibiera a Trump en Los Pinos (la residencia oficial). Peor aún, en un acto sin precedentes en la historia, al candidato republicano se le dio un tratamiento cercano al que se le da a un Jefe de Estado, se le recibió en el hangar presidencial, se le transportó en un helicóptero oficial e incluso dieron una conferencia conjunta que se transmitió en vivo.
Por si esto fuera poco Trump ni siquiera está al frente de las encuestas electorales de su país, ya que de estarlo se podría considerar que esta reunión tiene una finalidad estratégica para garantizar los intereses de los ciudadanos mexicanos que radican en el país vecino. Aunque Peña Nieto, señaló que también invitó a la candidata demócrata, la recepción del polémico oponente podría implicar costos en una futura relación con Hillary Clinton, en caso de que la candidata demócrata ganara las elecciones de noviembre próximo.
Las motivaciones del candidato republicano para aceptar el encuentro en ciudad de México son evidentemente electorales y buscan incidir en el ánimo del electorado latino. Sin embargo, en el caso del presidente mexicano, las motivaciones para hacer esta inusitada invitación no han sido transparentes, ni justificadas ante la opinión pública mexicana. Fue una decisión unilateral, al más puro estilo priista clásico, es decir, de forma autoritaria y discrecional. La gran interrogante consiste en saber ¿cuáles fueron las motivaciones del presidente mexicano para hacer esta reunión? sobre todo un día antes de entregar su cuarto informe de gobierno y en un contexto donde su imagen y la de su partido político se encuentran ampliamente desgastadas.
Sin conocer sus intenciones, lo que puede interpretarse es que esta innecesaria reunión puedo haber sido una apuesta peligrosa para dar un golpe mediático o un intento desesperado, una cortina de humo, que lo ayudará a dar un viraje a los fuertes cuestionamientos que su administración enfrenta en temas como: el combate a la corrupción, el aumento en la inseguridad pública, el incremento en las desapariciones y la violación de derecho humanos, el mal desempeño de la economía e incluso cuestionamientos de índole más personal como el hecho, recientemente difundido, de que la tesis de licenciatura de Peña Nieto contiene varios párrafos que son un plagio de otros autores.
Si la intención era reposicionar su imagen, Peña Nieto fracasó en términos absolutos. De hecho, los niveles de aprobación de la gestión de Peña Nieto son los más bajos desde que asumió el cargo, como lo demuestra un estudio publicado el pasado 10 de agosto (diario Reforma), en el que se señala que el 74% de los encuestados desaprueba su trabajo.
Aunque también se especuló sobre la posibilidad de que Peña Nieto solicitara una disculpa pública a Trump, esto no sucedió. Incluso, durante los discursos posteriores a la reunión, el presidente mexicano mantuvo un tono exageradamente conciliador. Por su parte, Trump evitó polemizar pero sin dejar de mantener su postura anti inmigrante, misma que reforzó más tarde en Arizona, cuando presentaba su plan migratorio y reiteró lo siguiente: “vamos a construir una muralla en la frontera sur y México va a pagar por ese muro, cien por ciento..”.
La racionalidad o irracionalidad en la decisión de Peña Nieto no es clara, sin embargo, el beneficiario de esta reunión termina siendo el candidato republicano, quien, aún manteniendo su intransigente postura, logró atraer los reflectores de la prensa nacional e internacional. En cambio, el costo político, de esta reunión tan impopular es para Peña Nieto, quien lejos de transmitir una imagen de un Jefe de Estado que busca consensos que beneficien y defiendan los intereses de sus conciudadanos, terminó transmitiendo la imagen de un presidente timorato, desconocedor de las normas básicas de la diplomacia y que no tiene la capacidad para defender el interés nacional de México, ni dentro ni fuera de sus fronteras.
¿Quién pierde con esta reunión? No es Peña Nieto, el presidente mexicano ingresa a la recta final de su mandato y su imagen está tan desgastada por temas como la violencia, la corrupción y la violación de derechos humanos que este evento solo es la síntesis de las decisiones erráticas que se han tomado a lo largo de su administración. Quien pierde es la política exterior mexicana, la cual, pese a una rica tradición diplomática que supo mantener el equilibrio – incluso durante las etapas más álgidas de la Guerra Fría- en la compleja relación bilateral con Estados Unidos, desde hace varias administraciones ha perdido el rumbo. Lo acontecido hoy solo confirma la inexistencia de una política exterior de Estado, racional y articulada, capaz de defender los intereses de sus ciudadanos y la imagen de México. En todo caso, como dijo un clásico recientemente fallecido “pero qué necesidad”.
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Quintana Roo: Los orígenes
POLIARQUÍA
Alfredo Fernández de Lara Gaitán
La conformación de Quintana Roo como entidad federativa, el 8 de octubre 1974, significó la culminación de un añejo anhelo de muchos quintanarroenses que lucharon por el reconocimiento político y para poder ser protagonistas directos en la construcción de la historia local. A cuarenta años de su surgimiento como entidad federativa resulta de gran relevancia recordar y evaluar de forma crítica esos pasajes de la historia que son parte de la construcción de nuestra identidad como quintanarroenses.
El territorio federal.
En 1902, durante la presidencia de Porfirio Díaz, se creó por primera vez el territorio federal de Quintana Roo, territorio que históricamente había pertenecido al estado de Yucatán. Desde el primer lustro de vida del territorio federal de Quintana Roo, las normas vigentes señalaban que las autoridades políticas locales (jefes políticos, primero, y gobernadores, después) no serían elegidas por medio de votación…
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Quintana Roo: Los orígenes
POLIARQUÍA
Alfredo Fernández de Lara Gaitán
La conformación de Quintana Roo como entidad federativa, el 8 de octubre 1974, significó la culminación de un añejo anhelo de muchos quintanarroenses que lucharon por el reconocimiento político y para poder ser protagonistas directos en la construcción de la historia local. A cuarenta años de su surgimiento como entidad federativa resulta de gran relevancia recordar y evaluar de forma crítica esos pasajes de la historia que son parte de la construcción de nuestra identidad como quintanarroenses.
El territorio federal.
En 1902, durante la presidencia de Porfirio Díaz, se creó por primera vez el territorio federal de Quintana Roo, territorio que históricamente había pertenecido al estado de Yucatán. Desde el primer lustro de vida del territorio federal de Quintana Roo, las normas vigentes señalaban que las autoridades políticas locales (jefes políticos, primero, y gobernadores, después) no serían elegidas por medio de votación, sino designadas por el Poder Ejecutivo Federal. Esta característica tuvo, entre muchas otras, una consecuencia inmediata: que los mandatarios del territorio y su personal de confianza provinieran de otras regiones de México y que no conocieran a profundidad la realidad y las necesidades de la población local. Esta situación prevaleció poco más de setenta años, no sin que se produjeran ciertos cambios con el correr del siglo; es decir, tuvo que pasar un largo periodo para que Quintana Roo adquiriera la categoría de Estado (Higuera: 1995) y para que políticos locales pudieran asumir los principales cargos políticos, en particular, la gubernatura[1].
Con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, esta dinámica en la forma de determinar quiénes gobernaban el territorio de Quintana Roo no se modificó sustancialmente. Como se sabe el partido de la revolución centralizó y ejerció el control del poder político de México durante siete décadas. Esta consideración es importante para entender por qué las instituciones, la cultura política y la lógica social del territorio se gestaron y desarrollaron en este contexto autoritario. Una buena síntesis de lo que significaba el partido de la revolución es la realizada por Jesús Silva-Herzog Márquez:
En primer lugar, servía como artefacto simbólico: una pieza clave para la identificación del régimen con la nación y la revolución, que revela su entraña verdadera. En segundo término, el partido era un poderoso adhesivo de lealtades. Inicialmente por medio de los caudillos, luego a través de las corporaciones, el organismo de la revolución estaba marcado por una decidida vocación absorbente: incorporar siempre. Finalmente, el PRI y sus antepasados habrían de cimentar la permanencia del sistema. Función simbólica, integradora y reproductiva (Silva-Herzog Márquez, 1999: 23).
Como parte de esas tres funciones, el simbolismo, el integrismo y la reproducción, en Quintana Roo, tal y como sucedía en el panorama nacional, el PRI fue el partido hegemónico, que durante décadas no tuvo una verdadera competencia y que se legitimaba mediante reglas aparentemente democráticas, como la celebración de elecciones periódicas.
El Comité Pro-Territorio.
Campeche y Quintana Roo durante mucho tiempo fueron considerados como territorios que pertenecieron y debían pertenecer a Yucatán. De hecho, en distintos períodos hubo anexiones de éstos a Yucatán, lo cual generaba un sentimiento de incertidumbre e indefensión entre los habitantes de Quintana Roo. Como señala Antonio Higuera (1992) “Para Quintana Roo uno de los períodos definitorios de su historia es la desmembración del Territorio Federal durante la década de los años treinta, ya que este hecho significó la cohesión de los diferentes sectores de la sociedad en torno a una lucha común”.
Precisamente uno de esos intentos anexionistas favoreció que el 6 de octubre de 1931, en la ciudad de Payo Obispo (Chetumal), se conformará un movimiento social que se autodenominó como Comité Pro-Territorio de Quintana Roo, cuya finalidad fue evitar que se dividiera la entidad. Sin embargo, como temían los pobladores de Quintana Roo, el 14 de diciembre de 1931 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de anexión de Quintana Roo a los estados de Campeche y Yucatán. La parte sur del estado quedo bajo la jurisdicción de Campeche y la parte norte bajo la de Yucatán.
Pese a este aparente fracaso el Comité Pro-Territorio mantuvo su organización con el objetivo de recuperar el status de territorio. Si bien el epicentro del movimiento fue Payo Obispo también se formó un subcomité en la isla de Cozumel. La acción colectiva del Comité emprendió actividades como el envío de telegramas y gestiones ante el presidente de la República en turno. Es importante señalar que este movimiento es un antecedente indispensable para comprender la importancia que tenía para los habitantes de Quintana Roo el mantenerse como territorio, reivindicación que luego se transformaría en la demanda para convertirse en entidad federativa.
En marzo de 1934, el candidato a la presidencia general Lázaro Cárdenas del Río, visitó la ciudad de Payo Obispo (Chetumal) y recibió los planteamientos del Comité Pro-Territorio, comprometiéndose a que, en caso de resultar electo, promovería la reintegración de Quintana Roo a su status de territorio federal. Finalmente, resultó electo y el 16 de enero de 1935 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de restauración de Quintana Roo como territorio, lo cual representó un triunfo para las demandas del Comité, y generó hacia Lázaro Cárdenas un sentimiento de agradecimiento que aún prevalece entre muchos quintanarroenses. Sin embargo, al extinguirse la bandera de lucha del Comité, éste se fue desdibujando paulatinamente y algunos de sus miembros que pretendieron trascender en la arena política se enfrentaron al rechazo del gobernador Rafael E. Melgar[2]. El simbolismo de su lucha es algo que se mantuvo muy presente en el imaginario colectivo de los habitantes nativos de la entidad y de quienes más tarde se erigirían como la clase gobernante de la entidad.
Un gobernador nativo una demanda histórica.
A lo largo de la de la década de los años cincuenta se empezaron a organizar grupos de personas nativas del territorio a fin de manifestarse ante el gobierno federal por la forma en que Margarito Ramírez, gobernador del territorio, manejaba la administración pública. Esta opisición tenía como una de sus principales demandas que los gobernadores del territorio, quienes eran designados por el gobierno federal, fueran nativos de Quintana Roo. Esta demanda fue el origen de movimientos sociales como el Comité Pro-Gobernador Nativo[3] formando en Cozumel (1946), el Frente Renovador Quintanarroense (1948) y el Comité Pro Defensa Territorial de Quintana Roo.
De esa demanda añeja surgió la fundamentación del discurso nativista en el que se consideraba que los políticos foráneos habían abusado de los quintarroenses y por eso era necesario lograr tener un gobernador nativo. Más tarde, cuando la coyuntura crítica de 1974 permitió el ascenso de la clase política local a puestos de decisión como el Poder Legislativo y Ejecutivo, el discurso nativista de “Quintana Roo para los quintarroenses” se cristalizó entre una parte importante de la clase política y se volvió parte de su retórica.
Sin embargo, el crecimiento demográfico que se generó a partir de la década de los años setenta con el inicio del proyecto Cancún y más tarde con la expansión demográfica de otras ciudades como Playa del Carmen y Tulum, le han ido ganando la partida al nativismo, pues la sociedad quintanarroense contemporánea se encuentra integrada por personas provenientes de otras entidades federativas e incluso de otros países. Los efectos demográficos sobre la política han tratado de ser frenados mediante distintas reformas para mantener el control político, como reglas electorales que favorecen al régimen priista, sin embargo es inevitable que en un futuro próximo la realidad desborde esas barreras artificiales y se gesté una trasición hacia un sistema más abierto, plural y democrático.
Además la historia de las últimas cuatro décadas ha demostrado que los malos gobernantes, las malas administraciones y el saqueo de los recursos públicos no sólo eran una cuestión que estaba en función del origen geográfico de la clase política o de su falta de identidad con la realidad local. Hoy es evidente que la falta de visión y compromiso social también han estado presentes en una parte importante de la clase política nativa, la cual se formó y desarrolló bajo una cultura política autoritaritaria y con patrones oligárquicos, que se han heredado y reproducido a través de las“nuevas generaciones” que les han sucedido en el poder.
Este contexto, sumado a cuestiones como la falta de una oposición política, la existencia de organismos públicos “autónomos” que están subordinados al poder y no a las necesidades de la sociedad, así como una ciudadanía de baja intensidad, han contribuido a que Quintana Roo pueda ser catalogado, con base en Steven Levitsky (2010), como un “regímen autoritario competitivo”, es decir, un sistema híbrido caracterizado por un campo de juego desigual entre los actores políticos, que oscila entre la democracia y el autoritarismo. Si bien, a partir de 1974 Quintana Roo dejó atrás su pasado de subordinación territorial y político-administrativa, no se puede decir lo mismo de su evolución hacia un sistema democrático, lo cual sigue siendo una labor pendiente.
Citas:
[1] Por su juventud y su situación geográfica, el territorio de Quintana Roo careció de personajes que tuvieran la oportunidad de dirigir los destinos de su territorio. La fugaz gubernatura del cozumeleño Pascual Coral (1921) constituyó un hecho aislado, coyuntural y sin efecto administrativo. Llama la atención que a lo largo de 72 años – 1902 a 1974 – de vida del territorio de Quintana Roo no hayan abundado los gobernadores o grupos políticos oriundos de la Ciudad de México. Más bien, proliferaron jaliscienses (Bravo, González Madrid, Aguirre, Ramírez), poblanos (Solís y Merino Fernández), oaxaqueños (De la Vega, Melgar y al parecer Eguía Liz), sonorenses (Plank, Abitia, Félix), yucatecos (Cámara Vales, Ancona, Albertos y se cree que Mateo Estrada) y tamaulipecos (Garcilazo, Garza); aunque también actuaron potosinos (Sánchez Rivera), coahuilenses (Zamarripa), chiapanecos (Vidal), queretanos (Siurob), veracruzanos (Campillo Seyde), guerrerenses (Guevara y Figueroa), zacatecanos (Bañuelos) e hidalguenses (Rojo Gómez). Macías, Carlos. “El precario estatuto territorial. Payo Obispo ante el amago de la desintegración”. En: Martín Ramos (Coordinador). Payo Obispo 1898-1998 Chetumal. A propósito del centenario. Universidad de Quintan Roo y Municipio de Othón P. Blanco. México, 1998, p. 89.
[2] Al margen de su destacada gestión y probablemente por la desconfianza que a nivel nacional provocaban las agrupaciones políticas locales, Melgar persiguió a los integrantes del Comité Pro Territorio; el doctor Barocio, por ejemplo, luego de que pretendió lanzar su candidatura independiente a la diputación federal y después de sufrir dos frustrados intentos de asesinato, se exilió de Chetumal. Así, el movimiento que no permitió que la anexión de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche fuera permanente, poco a poco perdió fuerza hasta su total desintegración. Lavalle, Cecilia (Coordinadora) (2001), Enciclopedia de Quintana Roo. Tomo 4. México, p. 228.
[3] En el Acta Constitutiva del Comité Pro Gobernador Nativo del Territorio de Quintana Roo se realizó en la isla de Cozumel, el 19 de diciembre de 1945, el señor Carlos Namur Aguilar señalaba “que era indispensable que todos y cada uno de los quintanarroenses así como las personas residentes que sin ser nativos sienten igual cariño por este apartado girón de la tierra, se convencieran de que se trata de una causa noble y justa.- Abordó concretamente el caso de que es muy posible que muchas personas guarden cierto pesimismo respecto de las gestiones encaminadas a conseguir la anuencia del señor Presidente de la República para que se nos dé la oportunidad de gobernarnos por sí mismos, debido a que han de suponer que las autoridades del Territorio ejercitarían alguna represalia porque puedan interpretar que un movimiento de esta naturaleza tenga como único fin procurar el retiro de tales autoridades”. En: Fondo del Territorio Federal de Quintana Roo, Sección: Despacho del Ejecutivo, Serie: Correspondencia, Año: 1946, Caja: 1, Exp. 20, Documento que consta de 3 fojas. Archivo General del Estado de Quintana Roo.
El Fondo de Cultura Económica y su importancia para México
POLIARQUÍA
Alfredo Fernández de Lara Gaitán
El Fondo de Cultura Económica conmemora los ochenta años de su creación, gracias al visionario economista, historiador, escritor, sociólogo, politólogo y ensayista –estudioso como pocos del liberalismo- mexicano, Daniel Cosío Villegas, uno de los intelectuales más lúcidos, productivos y críticos de la historia de México; fundador además de la Escuela Nacional de Economía y del Colegio de México (como La Casa de España, en su origen, puesto que Cosío Villegas fue el principal promotor, ante el Gobierno del general Lázaro Cárdenas, del asilo a los republicanos españoles expulsados por Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, entre ellos grandes creadores y pensadores que vigorizaron la creación de instituciones y el desarrollo académico e intelectual del país de aquellos días).
Esta conmemoración ha suscitado un interesante debate entre intelectuales orgánicos y académicos, sobre la justificación de la existencia del FCE. Un debate iniciado por el comentarista Leo Zuckermann bajo la tesis de que “los contribuyentes no estamos subsidiando a los más pobres de México, sino a una élite académica, cultural e intelectual que, por desgracia, es la que lee en el país”. Tan cuestionable aseveración ha sido respondida por Jesús Silva-Herzog Márquez y de forma contundente por Mauricio Tenorio Trillo. Mi postura es que Zuckermann generó una polémica, a partir de una visión simplista y determinista sobre la eficiencia del mercado para regular el acceso a bienes culturales. La cuestión de los subsidios y sus externalidades puede ser debatida desde diferentes enfoques, sin embargo, creo que en una sociedad tan desigual como la nuestra, incluida la materia cultural, la intervención del Estado es una condición necesaria para lograr ciertos equilibrios redistributivos en el acceso a la cultura. Etiquetar a quienes acceden a los libros “subsidiados” del FCE como una “élite académica, cultural e intelectual”, me parece una simplificación bastante arriesgada, ya que eso equivaldría a que todas las personas que estudian en alguna institución de educación superior y que en algún momento de su vida compraron libros “subsidiados” del FCE son individuos egoístas que maximizan su beneficio intelectual a costa de los más pobres del país. Bajo esta lógica resultaría que ser universitario es sinónimo de ser parte de una élite – casi parasitaria – que ha vivido subsidiada o que ser elite académica es sinónimo de ser rico. Zuckerman evidencia su desconocimiento de que la mayoría de los estudiantes de universidades públicas acceden al conocimiento mediante fotocopias, porque ni siquiera con el «subsidio» es fácil acceder a libros. Muchos universitarios nos formamos leyendo fotocopias o libros prestados porque el acceso a los libros – sobre todo en una provincia distante como Quintana Roo – era una cuestión sumamente difícil, de ahí que para mí y muchas de mis amistades universitarias se volviera un ritual obligatorio acudir a las librerías del FCE o Gandhi, cuando se presentaba la oportunidad de estar en la ciudad de México.
Lo que más me llama la atención es que habiendo tantos subsidios públicos cuestionables – entre ellos pagar cifras exorbitantes a intelectuales apologistas del régimen por sus asesorías o sus conferencias -, la persistencia en la malversación de los recursos públicos o el derroche de recursos como resultado de la mala planeación de políticas públicas, se cuestione la pertinencia del FCE. Esto me parece un ejercicio poco fructífero y aunque no estoy de acuerdo con el uso político que se ha dado del FCE – por ejemplo, conmemorar los 80 años, haciendo apología y entrevistando a un presidente como Enrique Peña Nieto, quien se ha caracterizado por su poco nivel cultural –, creo que la existencia de esta institución es necesaria y habría que ver más allá de las “fuerzas del mercado”, que generalmente acentúan las disparidades sociales, porque el FCE tiene un impacto que trasciende fronteras.
Me explico. El FCE no sólo tiene una imagen y presencia en muchos lugares de México, en la actualidad tiene filiales en 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Venezuela. He tenido la oportunidad de conocer la filial ubicada en la ciudad de Bogotá, conocida como el “Centro Cultural Gabriel García Márquez”, y más allá de su belleza arquitectónica creo que es una expresión viva de la importancia cultural y los lazos de hermandad que México tiene para muchos países de Iberoamérica. Precisamente, en conmemoración a los 80 años del FCE, el pasado 28 de agosto se inauguró el “Cuarto Festival. Visiones de México en Colombia”, con una amplia cartelera cultural que se desarrollará hasta el 17 de septiembre.
Ser testigo directo de la presencia y la imagen cultural que México genera en el exterior, invita y obliga a reflexionar sobre la relevancia que nuestras diversas manifestaciones culturales tienen, así como el impacto que pueden llegar a tener para las relaciones internacionales del país. Creo que México no ha aprovechado adecuadamente eso que Joseph S. Nye Jr definió como el soft power, que surge de la atracción de la cultura de un país, y que es tan importante para la política exterior. Sin embargo, otra de las cuestiones que he podido comparar es – volviendo al tema de los subsidios – el alto costo que los libros pueden llegar a tener, pues, por poner un ejemplo, un libro que en México puede costar $250 pesos aquí puede llegar a costar lo doble, haciendo que el acceso a ciertos libros del FCE y de otras editoriales no sea fácil. En este orden de ideas, mi opinión es que el FCE justifica su existencia tanto o más que hace 80 años, que no sólo hay que pensar en su rentabilidad monetaria, sino en la trascendencia que ha tenido para la socialización del conocimiento y para la imagen positiva que el FCE tiene en las comunidades intelectuales de muchos países y que, me atrevo a decir, ubican a México como una potencia cultural y un referente obligado en América Latina. Ante tantos problemas de imagen que México enfreta hoy día, por cuestiones como la violencia y el crimen organizado, creo que el FCE coadyuva a que nuestro país, con todo y sus problemas, sigue siendo un referente cultural.
Vuelta al laberinto de la transición
Poliarquía: Alfredo Fernández de Lara Gaitán
Se puede entender por transición el intervalo que se extiende, entre un régimen político y otro (…) Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria (O´Donnell, Schmitter, 1991). Las transiciones de un régimen autoritario a una democracia avanzada no consisten en una evolución lineal y permanente, de hecho cuando una democracia no está lo suficientemente institucionalizada se presenta el riesgo de una regresión autoritaria o que permanezca estancada en una democracia electoral, lo cual presenta amplias limitaciones en materia de derechos políticos, civiles y sociales. México vivió, en palabras de Mauricio Merino, una transición votada, debido a que no hubo una ruptura con el antiguo régimen y a que ésta se gestó mediante una apertura gradual, sin un rompimiento con las malas prácticas del pasado, ni se generó un nuevo pacto fundacional que diera paso a un proceso de verdadera democratización, en la que se encontraran adecuadamente representados los diversos sectores que integran la sociedad mexicana Además, la institucionalización de la transición en México se desarrollo predominantemente a nivel federal, sin que se generara una oleada democratizadora a nivel subnacional, por lo que México está transitando en varias vías y diferentes grados de democracia. Como consecuencia los bastiones autoritarios a nivel local no sólo permanecieron, sino que se han fortalecido, salvo algunas contadas excepciones. Estas semidemocracias estatales se caracterizan por un contexto en el que se encuentran factores como: una cultura política parroquial en la que se ve a los individuos como súbditos y no como ciudadanos; un caciquismo regional que hace uso de la desigualdad y la pobreza con fines electorales; una baja participación ciudadana, la cual es incentivada desde arriba; el uso patrimonialista y partidista de las instituciones; una lógica del culto a la personalidad en la que los equilibrios entre poderes suelen ser adornos; la ausencia de libertad de expresión y la vulneración – incluida la omisión – de los derechos fundamentales; y una politización del Estado en lugar de una institucionalización del mismo. En el México del siglo XXI, coexisten dos lógicas, la de quienes pugnamos por una democratización real y efectiva de las instituciones que nos lleve a consolidar la democracia; y, otra que defiende el status quo autoritario y respalda al ogro filantrópico, que se sostiene en una burocracia tradicional – lejana del ideal weberiano -, y en una maquinaria de partido que no triunfa por ser competitiva, sino por el ejercicio discrecional que hace de los recursos públicos a los que tiene acceso. Asimismo, a casi dos décadas del inicio de nuestra transición, la realidad nos ha mostrado que no es suficiente con el mantenimiento de elecciones “libres y competitivas”, ya que esto solo ha fortalecido la parte procedimental de nuestra democracia a costa de no fortalecer los contenidos y los resultados que son tan importantes para evaluar la calidad social de una democracia. A partir de la liberalización política, iniciada en los años noventa e impulsada en los primeros años de la alternancia, hubo algunas innovaciones institucionales que se diseñaron a fin de dotar a las y los ciudadanos de un mayor control vertical sobre sus políticos y sobre los funcionarios públicos, como lo ilustra el contexto en que surgió el IFAI. Sin embargo, conforme la sociedad se apropió y empezó a hacer uso de estos mecanismos de control vertical, estos organismos “ciudadanos” han sido gradualmente cooptados o limitados, incluso por los mismos gobiernos que los crearon. Como ejemplo, de este deterioro y subordinación que se ha dado en organismos públicos, con funciones de control y defensa de los derechos de la sociedad, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hoy se encuentra ampliamente cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, como resultado de su ineficacia y distanciamiento de la sociedad. Asimismo, como parte de este laberinto que ha sido la transición mexicana, se ha hecho evidente que la incapacidad, la corrupción, los excesos, el mal uso de los recursos públicos no era un cuestión exclusiva de un partido. Hoy todos los partidos políticos se encuentran ampliamente desprestigiados ante la sociedad mexicana como resultado de la ineficacia, insensibilidad y falta de institucionalidad con que estos se han manejado a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, siguen recibiendo un financiamiento millonario que permite que sus incentivos no estén en la búsqueda del bienestar de la sociedad sino de sus intereses de grupo y particulares. En este contexto surgen algunas preguntas ¿cómo salir de este laberinto en que se encuentra la democracia mexicana?, ¿el estancamiento democrático en que nos encontramos es responsabilidad exclusiva de una clase política que desincentiva la participación ciudadana o es el resultado de una ciudadanía apática que ha delegado la representación y la defensa de sus derechos?, ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en permitir, incluso en ser parte, mediante la legitimación que da la indiferencia, de la realidad autoritaria que hoy se vive en tantos rincones de México? Hacer el diagnóstico suele ser más fácil que encontrar las soluciones, pero si como ciudadanos no hacemos uso de nuestros derechos y ejercemos un control sobre nuestros políticos y servidores públicos, tampoco debemos esperar que ellos despertarán un día con la vocación democrática de la que muchos de ellos carecen. Para salir del laberinto en que hoy se encuentra nuestra democracia no basta con hacer “críticas” o expresar nuestro rechazo en Facebook o Twitter. En gran medida, lo que se requiere es empezar a salir del letargo ciudadano, lo cual incluye asumir costos que son parte de una ciudadanía de alta intensidad; por ejemplo, estar bien informados para poder exigir transparencia y rendición de cuentas que nos permita evaluar y, en su caso, sancionar electoralmente a quienes no están cumpliendo con las funciones que le fueron delegadas. En tanto no asumamos el papel de ciudadanos activos seguiremos atrapados en el laberinto en que hoy nos encontramos.
ELECCIONES Y NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS EN QUINTANA ROO 1974 – 2010
POLIARQUÍA
ALFREDO FERNANDEZ DE LARA GAITAN
En la década de los años veinte del siglo pasado se encuentra un antecedente importante de la presencia de partidos políticos en la vida pública de lo que entonces era territorio de Quintana Roo. Destaca, en cierta medida, la aparición de partidos regionales que se sumaban a las candidaturas de los caudillos de la revolución, y que en lo local tenían como principal incentivo para su participación en la competencia política, la diputación por el territorio de Quintana Roo. Ejemplos de lo anterior son el Partido Revolucionario Quintanarroense Pro-Obregón que auspició la candidatura de Librado Abitia, así como el Partido Socialista Quintanarroense que impulsó la de Ignacio Fuentes. Desde esta época los grupos empresariales de Cozumel empiezan a tener una influencia notoria en los procesos de selección y apoyo económico, incluso mediante estrategias corporativistas, a favor de uno u otro candidato. Sin embargo, a partir de 1929, con la fundación del PNR, luego PRM y, finalmente PRI, las disputas internas a nivel regional disminuyeron notoriamente y se centralizó y concentró el poder en manos de quien ocupará la presidencia imperial en turno, al menos así fue hasta mediados de los años noventa.
En la década de los años ochenta Gabriel Macías Zapata señalaba respecto al sistema de partidos local, lo siguiente: “Quintana Roo es un estado esencialmente unipartidista y su origen esta íntimamente ligado a la conciencia quintanarroense. Los políticos locales que promovieron la conversión de Territorio a Estado eran gente básicamente ligada al PRI, y ese partido tomó la bandera de la identidad quintanarroense, aprovechando una coyuntura en que el PAN reclamaba en 1969 la reincorporación del Territorio a Yucatán. Indudablemente el PRI supo regionalizar su postura ganándose de esa manera a los habitantes (1986: 38)”. Sin embargo, para analizar el nivel de competencia real que se ha dado a lo largo de la historia de las elecciones de Quintana Roo es importante analizar el número de partidos relevantes, cuestión que es muy diferente a centrarse en el número de partidos que participan en una contienda. Me explico, el número de partidos relevantes o número efectivo de partidos indica la importancia de los partidos políticos no sólo en términos de su psoibilidad para competir en unas elecciones, más bien se centra en su capacidad para obtener un número determinado de votos y de escaños que, a decir de Giovanni Sartori, hacen que cuente como importante por ser competitivo. Sartori crítica la visión tradicional que se tenía de clasificar al sistema de partidos en unipartidistas, bipartidistas o multipartidistas en función exclusiva del número de partidos. Su planteamiento consistió en señalar que lo importante no sólo es contar sino cómo y qué se cuenta, es decir, ¿Qué partidos importan realmente? Esto se obtiene a partir del número de escaños o diputaciones que los partidos que participan en las elecciones han obtenido en el Poder Legislativo.
Ahora bien, ¿cómo se refleja esto en la historia electoral de Quintana Roo? De la siguiente forma: en las primeras elecciones para gobernador apareció como partido de oposición el Partido Popular Socialista y en las elecciones siguientes para alcaldes y diputados locales el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, aunque con una presencia mínima. En dicha elección el número efectivo de partidos fue de 1, con lo cual se sentaría el oirgen del monopolio electoral del PRI. Sin embargo, la aparición masiva de los partidos políticos – como un efecto del nuevo diseño institucional hecho a través de la reforma electoral impulsada por Reyes Heroles, en 1977 – se da en las elecciones de 1981, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo y, en dichas elecciones, a diferencia de la anterior, participaron 6 partidos políticos: PRI, PPS, PARM, PST, PAN y el PCM. Sin embargo, la aparición de más partidos no significó que el sistema de partidos quintanarroense se hiciera más abierto o competitivo, por lo que el número efectivo de partidos resultante fue de 1.67.
En las elecciones de 1987, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo, participaron 7 partidos políticos: PRI, PPS, PAN, PFCRN, PSUM, PARM y PST Al igual que la elección anterior, la aparición de más partidos no hizo al sistema más competitivo, ya que el número efectivo de partidos se mantuvo en 1.67.
En las elecciones de 1993, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo, participaron 6 partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PPS, PARM y PFCRN. El número efectivo de partidos fue de 1.84. Sin embargo, se empieza a manifestar cierta tendencia del electorado a otorgar su voto a otros partidos como el PAN, el PRD, el PPS y el PARM.
En las elecciones de 1999, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el caso del Poder Ejecutivo participaron 4 partidos políticos: PRI, PAN, PRD y PT. En tanto, para el Legislativo participaron 5: PRI, PAN, PRD, PT y PVEM. Por primera vez se registra un número efectivo de partidos de 2.24, lo cual muestra un sistema más competitivo que el de las elecciones anteriores.
En las elecciones de 2005, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el caso del Poder Ejecutivo participaron 6 partidos políticos integrados en tres coaliciones: a) PRI-PVEM, b) PAN-Convergencia y c) PRD-PT. Cada uno de los partidos logró obtener escaños en la XI Legislatura, lo que hizo de ésta, al menos en apariencia, la más plural que ha habido y la más competitiva, ya que el número efectivo de partidos fue de 4.84, el más alto registrado hasta el momento. De hecho, por primer vez, en la historia del Poder Legislativo de Quintana Roo el PRI no obtuvo la presidencia de la Gran Comisión , que es la Comisión más importante en la legislatura, dicha Comisión quedo a cargo de un diputado de Convergencia – aunque en su pasado fue integrante del PRI, y después de dejar la legislatura regreso a las filas del PRI nuevamente -, lo que en teoría supondría una legislatura más proactiva que reactiva frente al Poder Ejecutivo, cosa que en los hechos no sucedió y se mantuvo la tradicional postura reactiva y poco independiente frente a las iniciativas del Ejecutivo.
En las elecciones de 2010, mediante las cuales se renovaban el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el caso del Poder Ejecutivo participaron 7 partidos políticos, integrados en tres coaliciones: a) PRI-PVEM-PANAL, b) PAN y c) PRD-PCV-PT. Cada uno de los partidos logró obtener escaños en la XIII Legislatura, el número efectivo de partidos fue de 3.49, con lo cual se establece un sistema tendiente al tripartidismo.
Las elecciones de Gobernador de 1999, 2005 y 2010 dan muestras de un sistema de partidos de pluralismo moderado, frente al de partido hegemónico de las elecciones de 1975, o las de partido predominante de 1981, 1987 y 1993. Pese a que el Poder Ejecutivo se ha mantenido en poder del PRI, el legislativo da evidencias de una transición por parte del electorado hacia un sistema más competitivo, que ha oscilado gradualmente entre el bipartidismo y el tripartidismo, por lo que, pese a la fuerte prevalencia del PRI, Quintana Roo no ha podido sustraerse a la realidad nacional tendiente a un sistema de partidos más competitivo.
Sin embargo, los resultados de la la última elección intermedia (2013) pusieron de manifiesto que cuando se combina el uso de la maquinaria electoral priista con altos niveles de abstencionismo por parte del electorado el beneficio para este partidos es altamente rentable en terminos electorales, es decir, la apuesta de este partido está en la combinación del voto duro y de una baja participación ciudadana. Esto también pone de manifiesto la falta de una oposición más efectiva y congruente en la defensa de los intereses colectivos, que atraiga al electorado con propuestas y, sobre todo, con la evidencia de resultados en beneficio de la sociedad, y no en beneficio de una nomenklatura partidista que controla y negocia los cargos de elección popular y, una vez en estos, negocia su voto. De tal modo, se puede inferir que el pluralismo y la competitividad en el sistema de partidos en Quintana Roo ha evolucionado, más por la imposibilidad de sustraerse de la realidad nacional que por los impulsos democratizadores locales.
POLIARQUÍA: La Gendarmería Nacional ¿nueva institución, vieja visión de seguridad?
ALFREDO FERNÁNDEZ DE LARA GAITÁN
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “los derechos humanos pueden definirse como aquellos inherentes a nuestra naturaleza sin los que no podemos vivir como seres humanos […] nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia”. Por tanto, los derechos humanos como ideales y como práctica son parte inherente de un sistema democrático de calidad en cuanto a sus procedimientos, sus contenidos y, sobre todo, en sus resultados. Por su parte, de acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, la Seguridad Ciudadana puede definirse como: “aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos” (IIDH, 2007). De tal modo, el disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno y que vulneran la seguridad de sus ciudadanos.
El problema de la violencia y la inseguridad son parte de la vida cotidiana de muchos países de América Latina, México entre ellos, ya que según lo señalado por diversos organismos públicos internacionales y de la sociedad civil, como el Banco Interamericano de Desarrollo y Latinobarómetro, hoy día el crimen y la violencia son la principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos, incluso más que la cuestión del desempleo o la situación económica, como sucedía anteriormente.
Para hacer frente a este problema, que tanto ha vulnerado los derechos de la sociedad mexicana, la administración del presidente Enrique Peña Nieto propusó – como parte de su “nueva estrategia” y de la centralización que se ha venido haciendo desde la SEGOB -, la creación de una Gendarmería Nacional, dependiente de la Polícía Federal, con el objetivo de sustituir las funciones de seguridad pública que han venido realizando las Fuerzas Armadas y para que éstas retornen gradualmente a los cuarteles. Sin embargo, a la fecha es poco lo que se sabe sobre la conformación de esta Gendarmería, ya que el debate público al respecto no ha sido incentivado ampliamente por el gobierno federal.
La Gendarmería debía iniciar funciones en la primera quincena de julio, sin embargo, el Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, señaló en días pasados que esto será hasta finales de julio o principios del mes de agosto. De hecho, el pasado 3 de julio la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente un informe sobre la creación de la Gendarmería Nacional, en el que resalta que a la fecha se han creado ya 3 mil 928 plazas “de las cinco mil que se tienen previstas para la conformación de la Gendarmería”. El documento detalla que se ha gastado un presupuesto de 2 mil 93 millones 700 mil pesos, de un total de 4 mil 500 millones de pesos .
En este contexto, el pasado 14 de julio, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presentó un documento titulado El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional , en el cual plantea diversos cuestionamientos respecto a las implicaciones que tendrá la Gendarmería. Entre estos señalamientos se llama la atención sobre el hecho de que, pese a la relevancia que tendrá esta institución en materia de seguridad pública, a la fecha se presentan más dudas que respuestas ante la escasa transparencia y labor de socialización entre la ciudadanía que el gobierno ha hecho al respecto. Además, la ambigüedad en la definición de la Gendarmería como un organismo con “formación policial y castrense” presenta varios motivos de preocupación en cuanto al respeto de los derechos humanos, ya que la Polícia Federal se ha caracterizado por ser una de la instituciones que presenta mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y, entre 2013 y 2014, ha recibido 23 recomendaciones de la CNDH.
Otro de los principales temores que se presenta es que se mantenga la visión predominante que existe en México del problema de la inseguridad desde un enfoque castrense de seguridad nacional , más que desde un enfoque de seguridad ciudadana que contemple el respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Los riesgos del primer enfoque son evidentes desde administraciones pasadas, lo cual ha tenido como consecuencia un alto costo humano y el cuestionamiento de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnitía Internacional. Otro motivo de incertidumbre que señala el análisis de Fundar consiste en la importancia de establecer una normatividad clara y específica sobre las facultades de la Gendarmería, ya que a la fecha no se ha transparentado el marco legal bajo el cual se regirá.
A unas semanas de la entrada en funciones de la Gendarmería hay más dudas que respuestas sobre ésta. Sin embargo, el panorama que se vislumbra es que esta nueva institución mantendrá la vieja visión de seguridad que ha demostrado ser incompatible con los derechos humanos de las y los mexicanos. Al tiempo.
¿Los medios del poder o el poder de los medios
POLIARQUÍA
Alfredo Fernández de Lara Gaitán
“Una democracia es tanto más sólida cuanto mayor volumen de información de calidad puede soportar”
A lo largo de la historia el papel de los medios de comunicación, particularmente el de la prensa crítica, ha sido fundamental en la construcción de la cultura democrática y, por tanto, de la opinión pública. En el caso de nuestro país podemos encontrar, desde los tiempos coloniales, antecedentes de la existencia de prensa crítica que contribuyó a la formación de una opinión pública y que, cabe decir, fue un elemento fundamental en el cuestionamiento del orden absoluto frente al orden liberal que se extendía por Europa y por América. El historiador Francois-Xavier Guerra analiza con gran profundidad el papel que desempeñó la prensa y las nuevas formas de sociabilidad en la mutación de las ideas y de los imaginarios de las élites hispánicas entre 1808 y 1810 y señala: “Con ellos nace verdaderamente la “opinión pública” moderna y lo que se puede designar, con Habermas, como “el espacio público literario” o Cochin “la república de las letras”, es decir, un medio social, una red de hombres agrupados en sociedades y tertulias –literarias, económicas, científicas-, en las que, con la libre discusión sobre toda clase de temas, entre ellos los políticos, empieza a erigirse una instancia moral independiente del Estado que juzga en nombre de la “razón”, la validez no sólo de las medidas de gobierno, sino también de los principios generales que deben regir a la sociedad”.[1] Lo anterior, es sólo un ejemplo de la importancia que históricamente ha tenido una prensa libre y crítica que fomenta el desarrollo de una opinión pública informada de manera veraz, profesional, independiente y crítica, sobre todo si pensamos que una de las acepciones de la democracia consiste en ser el gobierno de la opinión.
Si bien éste podría ser un lado positivo del papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia también se presenta la contraparte – que es la que predomina en la actualidad -, una prensa y medios audiovisuales que muchas veces se transforman en un instrumento controlado o, peor aún, manipulador y tergiversador de la realidad social, política y económica. Medios de comunicación que pueden ser usados por ciertos actores como herramienta para desacreditar a sus adversarios o, en caso contrario, ensalzar a otros y tratar de legitimarlos ante la ciudadanía, a fin de crear personajes mediáticos cuyo talento y capacidades poco o nada corresponden con la realidad y con los retos que el país afronta.
Es cierto que la crítica es un elemento fundamental de la libertad de expresión y de una sociedad democrática, sin embargo, dicha libertad trae consigo una gran responsabilidad social que debe asumirse con ética, pues dicha libertad no es una patente de corso para denostar al contrario o para ser empleada como una herramienta de apología barata, que fomenta la opacidad y desinforma a la opinión pública en beneficio de intereses oscuros o facciosos que vulneran el derecho de acceder a información de calidad.
Si suele criticarse la opacidad y discrecionalidad de la política no puede hacerse menos con la de los medios de comunicación en México, quienes tradicionalmente se han escudado en ambiguas definiciones de lo que es la “libertad de expresión”, para defender intereses económicos y de grupo. También a este poder fáctico hay que imponerle valores y controles democráticos como la responsabilidad, la transparencia de sus actos e incluso la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Esto es importante porque el contexto actual nos demuestra que ciertos medios de comunicación se han constituido en un poder económico que ha subordinado al poder político al que antaño servía. La relación entre medios de comunicación y poder político se ha vuelto un entramado de complicidades y de intereses poco transparentes a costa de la sociedad.
Al amparo del antiguo régimen se crearon grandes monopolios que han concentrado el poder económico y político de México; la misma esencia de dicho régimen no puede ser vista de otra forma que como el monopolio y la concentración del poder político. Sin embargo, la transición mexicana generó un replanteamiento de los equilibrios políticos y mediáticos existentes con anterioridad. El fin del sistema de partido hegemónico y el paso a un sistema multipartidista hizo que las empresas televisivas diversificaran sus relaciones y sus intereses con los otros partidos políticos, en especial con el PAN y el PRD, con la finalidad de mantener sus privilegios y aumentar sus intereses económicos.
Por su parte, el cambio de las reglas electorales y la búsqueda de mayor equidad en la asignación de recursos produjo un efecto no deseado: el que los partidos políticos destinan gran parte de los recursos públicos que se les asigna a los medios de comunicación. Al centrar gran parte de las campañas políticas en los medios de comunicación, los partidos políticos y sus integrantes se volvieron clientes potenciales, y cada vez más dependientes, del poder fáctico de los medios, como lo han demostrado las contiendas electorales federales de 2006 y de 2012. Aunque el compromiso número 95 del Pacto por México señala que “Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto…”, hasta el momento, pese a las tendencias centralizadoras de la administración federal, nada se ha realizado en este sentido, prevaleciendo una lógica electoral por encima de los compromisos adquiridos.
Si bien en términos ideales los medios de comunicación pueden ser aliados potenciales de la consolidación democrática, la realidad mexicana prevaleciente nos ha enseñado que estos aliados de la democracia se pueden volver antagonistas de la misma cuando sus intereses particulares prevalecen por sobre los colectivos, a tal grado que pueden representar un fuerte obstáculo para la consolidación de una democracia de calidad. Sin embargo, otros ejemplos corroboran que, en los sistemas democráticos consolidados los medios de comunicación han sido un aliado potencial de la ciudadanía para el control de los políticos, el acceso a la información y para evitar abusos de poder tanto por actores públicos como privados. Lamentablemente en el caso de México esto ha sido la excepción más que la regla. Por tanto, la consolidación democrática de México requiere que las reglas democráticas apliquen para todos, ya que mientras se mantengan los privilegios a intereses particulares o poderes fácticos como los del duopolio televisivo o el monopolio en telefonía fija y móvil, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa. Lamentablemente las recientes reformas legislativas en materia de telecomunicaciones no nos brindan muchas expectativas en dicho sentido.
[1] Francois-Xavier Guerra “Modernidad e Independencia”. Fondo de Cultura Económica. México, Tercera edición. 2001. p. 227-228.
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