Poliarquía: Alfredo Fernández de Lara Gaitán
Se puede entender por transición el intervalo que se extiende, entre un régimen político y otro (…) Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria (O´Donnell, Schmitter, 1991). Las transiciones de un régimen autoritario a una democracia avanzada no consisten en una evolución lineal y permanente, de hecho cuando una democracia no está lo suficientemente institucionalizada se presenta el riesgo de una regresión autoritaria o que permanezca estancada en una democracia electoral, lo cual presenta amplias limitaciones en materia de derechos políticos, civiles y sociales. México vivió, en palabras de Mauricio Merino, una transición votada, debido a que no hubo una ruptura con el antiguo régimen y a que ésta se gestó mediante una apertura gradual, sin un rompimiento con las malas prácticas del pasado, ni se generó un nuevo pacto fundacional que diera paso a un proceso de verdadera democratización, en la que se encontraran adecuadamente representados los diversos sectores que integran la sociedad mexicana Además, la institucionalización de la transición en México se desarrollo predominantemente a nivel federal, sin que se generara una oleada democratizadora a nivel subnacional, por lo que México está transitando en varias vías y diferentes grados de democracia. Como consecuencia los bastiones autoritarios a nivel local no sólo permanecieron, sino que se han fortalecido, salvo algunas contadas excepciones. Estas semidemocracias estatales se caracterizan por un contexto en el que se encuentran factores como: una cultura política parroquial en la que se ve a los individuos como súbditos y no como ciudadanos; un caciquismo regional que hace uso de la desigualdad y la pobreza con fines electorales; una baja participación ciudadana, la cual es incentivada desde arriba; el uso patrimonialista y partidista de las instituciones; una lógica del culto a la personalidad en la que los equilibrios entre poderes suelen ser adornos; la ausencia de libertad de expresión y la vulneración – incluida la omisión – de los derechos fundamentales; y una politización del Estado en lugar de una institucionalización del mismo. En el México del siglo XXI, coexisten dos lógicas, la de quienes pugnamos por una democratización real y efectiva de las instituciones que nos lleve a consolidar la democracia; y, otra que defiende el status quo autoritario y respalda al ogro filantrópico, que se sostiene en una burocracia tradicional – lejana del ideal weberiano -, y en una maquinaria de partido que no triunfa por ser competitiva, sino por el ejercicio discrecional que hace de los recursos públicos a los que tiene acceso. Asimismo, a casi dos décadas del inicio de nuestra transición, la realidad nos ha mostrado que no es suficiente con el mantenimiento de elecciones “libres y competitivas”, ya que esto solo ha fortalecido la parte procedimental de nuestra democracia a costa de no fortalecer los contenidos y los resultados que son tan importantes para evaluar la calidad social de una democracia. A partir de la liberalización política, iniciada en los años noventa e impulsada en los primeros años de la alternancia, hubo algunas innovaciones institucionales que se diseñaron a fin de dotar a las y los ciudadanos de un mayor control vertical sobre sus políticos y sobre los funcionarios públicos, como lo ilustra el contexto en que surgió el IFAI. Sin embargo, conforme la sociedad se apropió y empezó a hacer uso de estos mecanismos de control vertical, estos organismos “ciudadanos” han sido gradualmente cooptados o limitados, incluso por los mismos gobiernos que los crearon. Como ejemplo, de este deterioro y subordinación que se ha dado en organismos públicos, con funciones de control y defensa de los derechos de la sociedad, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hoy se encuentra ampliamente cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, como resultado de su ineficacia y distanciamiento de la sociedad. Asimismo, como parte de este laberinto que ha sido la transición mexicana, se ha hecho evidente que la incapacidad, la corrupción, los excesos, el mal uso de los recursos públicos no era un cuestión exclusiva de un partido. Hoy todos los partidos políticos se encuentran ampliamente desprestigiados ante la sociedad mexicana como resultado de la ineficacia, insensibilidad y falta de institucionalidad con que estos se han manejado a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, siguen recibiendo un financiamiento millonario que permite que sus incentivos no estén en la búsqueda del bienestar de la sociedad sino de sus intereses de grupo y particulares. En este contexto surgen algunas preguntas ¿cómo salir de este laberinto en que se encuentra la democracia mexicana?, ¿el estancamiento democrático en que nos encontramos es responsabilidad exclusiva de una clase política que desincentiva la participación ciudadana o es el resultado de una ciudadanía apática que ha delegado la representación y la defensa de sus derechos?, ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en permitir, incluso en ser parte, mediante la legitimación que da la indiferencia, de la realidad autoritaria que hoy se vive en tantos rincones de México? Hacer el diagnóstico suele ser más fácil que encontrar las soluciones, pero si como ciudadanos no hacemos uso de nuestros derechos y ejercemos un control sobre nuestros políticos y servidores públicos, tampoco debemos esperar que ellos despertarán un día con la vocación democrática de la que muchos de ellos carecen. Para salir del laberinto en que hoy se encuentra nuestra democracia no basta con hacer “críticas” o expresar nuestro rechazo en Facebook o Twitter. En gran medida, lo que se requiere es empezar a salir del letargo ciudadano, lo cual incluye asumir costos que son parte de una ciudadanía de alta intensidad; por ejemplo, estar bien informados para poder exigir transparencia y rendición de cuentas que nos permita evaluar y, en su caso, sancionar electoralmente a quienes no están cumpliendo con las funciones que le fueron delegadas. En tanto no asumamos el papel de ciudadanos activos seguiremos atrapados en el laberinto en que hoy nos encontramos.
alfredofernandezdelara 