POLIARQUÍA: La Gendarmería Nacional ¿nueva institución, vieja visión de seguridad?

ALFREDO FERNÁNDEZ DE LARA GAITÁN

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “los derechos humanos pueden definirse como aquellos inherentes a nuestra naturaleza sin los que no podemos vivir como seres humanos […] nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia”. Por tanto, los derechos humanos como ideales y como práctica son parte inherente de un sistema democrático de calidad en cuanto a sus procedimientos, sus contenidos y, sobre todo, en sus resultados. Por su parte, de acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, la Seguridad Ciudadana puede definirse como: “aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos” (IIDH, 2007). De tal modo, el disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno y que vulneran la seguridad de sus ciudadanos.
El problema de la violencia y la inseguridad son parte de la vida cotidiana de muchos países de América Latina, México entre ellos, ya que según lo señalado por diversos organismos públicos internacionales y de la sociedad civil, como el Banco Interamericano de Desarrollo y Latinobarómetro, hoy día el crimen y la violencia son la principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos, incluso más que la cuestión del desempleo o la situación económica, como sucedía anteriormente.
Para hacer frente a este problema, que tanto ha vulnerado los derechos de la sociedad mexicana, la administración del presidente Enrique Peña Nieto propusó – como parte de su “nueva estrategia” y de la centralización que se ha venido haciendo desde la SEGOB -, la creación de una Gendarmería Nacional, dependiente de la Polícía Federal, con el objetivo de sustituir las funciones de seguridad pública que han venido realizando las Fuerzas Armadas y para que éstas retornen gradualmente a los cuarteles. Sin embargo, a la fecha es poco lo que se sabe sobre la conformación de esta Gendarmería, ya que el debate público al respecto no ha sido incentivado ampliamente por el gobierno federal.
La Gendarmería debía iniciar funciones en la primera quincena de julio, sin embargo, el Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, señaló en días pasados que esto será hasta finales de julio o principios del mes de agosto. De hecho, el pasado 3 de julio la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente un informe sobre la creación de la Gendarmería Nacional, en el que resalta que a la fecha se han creado ya 3 mil 928 plazas “de las cinco mil que se tienen previstas para la conformación de la Gendarmería”. El documento detalla que se ha gastado un presupuesto de 2 mil 93 millones 700 mil pesos, de un total de 4 mil 500 millones de pesos .
En este contexto, el pasado 14 de julio, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presentó un documento titulado El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional , en el cual plantea diversos cuestionamientos respecto a las implicaciones que tendrá la Gendarmería. Entre estos señalamientos se llama la atención sobre el hecho de que, pese a la relevancia que tendrá esta institución en materia de seguridad pública, a la fecha se presentan más dudas que respuestas ante la escasa transparencia y labor de socialización entre la ciudadanía que el gobierno ha hecho al respecto. Además, la ambigüedad en la definición de la Gendarmería como un organismo con “formación policial y castrense” presenta varios motivos de preocupación en cuanto al respeto de los derechos humanos, ya que la Polícia Federal se ha caracterizado por ser una de la instituciones que presenta mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y, entre 2013 y 2014, ha recibido 23 recomendaciones de la CNDH.
Otro de los principales temores que se presenta es que se mantenga la visión predominante que existe en México del problema de la inseguridad desde un enfoque castrense de seguridad nacional , más que desde un enfoque de seguridad ciudadana que contemple el respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Los riesgos del primer enfoque son evidentes desde administraciones pasadas, lo cual ha tenido como consecuencia un alto costo humano y el cuestionamiento de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnitía Internacional. Otro motivo de incertidumbre que señala el análisis de Fundar consiste en la importancia de establecer una normatividad clara y específica sobre las facultades de la Gendarmería, ya que a la fecha no se ha transparentado el marco legal bajo el cual se regirá.
A unas semanas de la entrada en funciones de la Gendarmería hay más dudas que respuestas sobre ésta. Sin embargo, el panorama que se vislumbra es que esta nueva institución mantendrá la vieja visión de seguridad que ha demostrado ser incompatible con los derechos humanos de las y los mexicanos. Al tiempo.

¿Los medios del poder o el poder de los medios

POLIARQUÍA

Alfredo Fernández de Lara Gaitán

 

“Una democracia es tanto más sólida cuanto mayor volumen de información de calidad puede soportar”

Louis Armand

A lo largo de la historia el papel de los medios de comunicación, particularmente el de la prensa crítica, ha sido fundamental en la construcción de la cultura democrática y, por tanto, de la opinión pública. En el caso de nuestro país podemos encontrar, desde los tiempos coloniales, antecedentes de la existencia de prensa crítica que contribuyó a la formación de una opinión pública y que, cabe decir, fue un elemento fundamental en el cuestionamiento del orden absoluto frente al orden liberal que se extendía por Europa y por América. El historiador Francois-Xavier Guerra analiza con gran profundidad el papel que desempeñó la prensa y las nuevas formas de sociabilidad en la mutación de las ideas y de los imaginarios de las élites hispánicas entre 1808 y 1810 y señala: “Con ellos nace verdaderamente la “opinión pública” moderna y lo que se puede designar, con Habermas, como “el espacio público literario” o Cochin “la república de las letras”, es decir, un medio social, una red de hombres agrupados en sociedades y tertulias –literarias, económicas, científicas-, en las que, con la libre discusión sobre toda clase de temas, entre ellos los políticos, empieza a erigirse una instancia moral independiente del Estado que juzga en nombre de la “razón”, la validez no sólo de las medidas de gobierno, sino también de los principios generales que deben regir a la sociedad”.[1] Lo anterior, es sólo un ejemplo de la importancia que históricamente ha tenido una prensa libre y crítica que fomenta el desarrollo de una opinión pública informada de manera veraz, profesional, independiente y crítica, sobre todo si pensamos que una de las acepciones de la democracia consiste en ser el gobierno de la opinión.

 Si bien éste podría ser un lado positivo del papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia también se presenta la contraparte – que es la que predomina en la actualidad -, una prensa y medios audiovisuales que muchas veces se transforman en un instrumento controlado o, peor aún, manipulador y tergiversador de la realidad social, política y económica. Medios de comunicación que pueden ser usados por ciertos actores como herramienta para desacreditar a sus adversarios o, en caso contrario, ensalzar a otros y tratar de legitimarlos ante la ciudadanía, a fin de crear personajes mediáticos cuyo talento y capacidades poco o nada corresponden con la realidad y con los retos que el país afronta.

 Es cierto que la crítica es un elemento fundamental de la libertad de expresión y de una sociedad democrática, sin embargo, dicha libertad trae consigo una gran responsabilidad social que debe asumirse con ética, pues dicha libertad no es una patente de corso para denostar al contrario o para ser empleada como una herramienta de apología barata, que fomenta la opacidad y desinforma a la opinión pública en beneficio de intereses oscuros o facciosos que vulneran el derecho de acceder a información de calidad.

 Si suele criticarse la opacidad y discrecionalidad de la política no puede hacerse menos con la de los medios de comunicación en México, quienes tradicionalmente se han escudado en ambiguas definiciones de lo que es la “libertad de expresión”, para defender intereses económicos y de grupo. También a este poder fáctico hay que imponerle valores y controles democráticos como la responsabilidad, la transparencia de sus actos e incluso la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Esto es importante porque el contexto actual nos demuestra que ciertos medios de comunicación se han constituido en un poder económico que ha subordinado al poder político al que antaño servía. La relación entre medios de comunicación y poder político se ha vuelto un entramado de complicidades y de intereses poco transparentes a costa de la sociedad.

 Al amparo del antiguo régimen se crearon grandes monopolios que han concentrado el poder económico y político de México; la misma esencia de dicho régimen no puede ser vista de otra forma que como el monopolio y la concentración del poder político. Sin embargo, la transición mexicana generó un replanteamiento de los equilibrios políticos y mediáticos existentes con anterioridad. El fin del sistema de partido hegemónico y el paso a un sistema multipartidista hizo que las empresas televisivas diversificaran sus relaciones y sus intereses con los otros partidos políticos, en especial con el PAN y el PRD, con la finalidad de mantener sus privilegios y aumentar sus intereses económicos.

 Por su parte, el cambio de las reglas electorales y la búsqueda de mayor equidad en la asignación de recursos produjo un efecto no deseado: el que los partidos políticos destinan gran parte de los recursos públicos que se les asigna a los medios de comunicación. Al centrar gran parte de las campañas políticas en los medios de comunicación, los partidos políticos y sus integrantes se volvieron clientes potenciales, y cada vez más dependientes, del poder fáctico de los medios, como lo han demostrado las contiendas electorales federales de 2006 y de 2012. Aunque el compromiso número 95 del Pacto por México señala que “Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto…”, hasta el momento, pese a las tendencias centralizadoras de la administración federal, nada se ha realizado en este sentido, prevaleciendo una lógica electoral por encima de los compromisos adquiridos.

 Si bien en términos ideales los medios de comunicación pueden ser aliados potenciales de la consolidación democrática, la realidad mexicana prevaleciente nos ha enseñado que estos aliados de la democracia se pueden volver antagonistas de la misma cuando sus intereses particulares prevalecen por sobre los colectivos, a tal grado que pueden representar un fuerte obstáculo para la consolidación de una democracia de calidad. Sin embargo, otros ejemplos corroboran que, en los sistemas democráticos consolidados los medios de comunicación han sido un aliado potencial de la ciudadanía para el control de los políticos, el acceso a la información y para evitar abusos de poder tanto por actores públicos como privados. Lamentablemente en el caso de México esto ha sido la excepción más que la regla. Por tanto, la consolidación democrática de México requiere que las reglas democráticas apliquen para todos, ya que mientras se mantengan los privilegios a intereses particulares o poderes fácticos como los del duopolio televisivo o el monopolio en telefonía fija y móvil, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa. Lamentablemente las recientes reformas legislativas en materia de telecomunicaciones no nos brindan muchas expectativas en dicho sentido.

 

[1] Francois-Xavier Guerra “Modernidad e Independencia”. Fondo de Cultura Económica. México, Tercera edición. 2001. p. 227-228.

No es lo mismo sociedad civil que ciudadanía democrática.

POLIARQUÍA

Alfredo Fernández de Lara Gaitán

Suele ser un lugar común hablar de Quintana Roo como un estado joven, sin duda lo es en términos cronológicos si se le compara con otras entidades federativas. Sin embargo, esta juventud se ha usado de forma retórica y ambigua, más como una herramienta para justificar las excentricidades, irresponsabilidades y excesos que como una descripción real del estado en el que hoy transitamos como sociedad. Creo que a casi cuatro décadas de la creación de Quintana Roo como entidad es momento de que como sociedad, asumamos con responsabilidad que nuestro estado ha transitado a una edad adulta, aunque sin la madurez necesaria para afrontar muchos de los retos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que la realidad global y local nos imponen hoy. Lo que ayer se veía como futuro hoy es presente, un presente que nos esta desbordando y mostrando que en el pasado no nos preparamos para los retos que en materia económica, política, de seguridad social, de seguridad pública y de participación ciudadana, nos deparaba este futuro que ya nos alcanzó.
Por tanto, es una condición necesaria el lograr transitar de forma madura a la etapa adulta de nuestra historia como entidad. Esta realidad no solamente debe ser afrontada como un deber del Estado y sus instituciones, ya que también es parte de la corresponsabilidad, que tenemos quienes formamos parte de esta sociedad, el entender que todas y todos, debemos ser participes en la tarea de hacer de Quintana Roo un mejor lugar para las generaciones presentes y futuras.
La consecución de esta madurez requiere, entre otras tantas cuestiones, contar con un entorno social caracterizado por factores como la equidad en la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades, la deliberación independiente, el acceso a información confiable, la civilidad y, sobre todo, que el respeto a los derechos políticos, sociales y económicos se encuentre realmente garantizado para que puedan ser ejercidos por todas las personas sin distinción. Sin embargo, el panorama que hoy tenemos dista mucho de este supuesto ideal, pues el contexto actual se caracteriza más bien por una ciudadanía de baja intensidad, un bajo nivel de asociacionismo, opacidad en el acceso a la información pública, desigualdad de oportunidades y una cultura política predominantemente parroquialista. En este contexto podríamos hablar de lo que el politólogo Juan Linz denominó como “pluralismo limitado”.
Al hacer una radiografía general de lo que en Quintana Roo es la denominada “sociedad civil organizada” el panorama no resulta muy aliciente. Para fundamentar lo anterior hice una revisión de las asociaciones civiles de Quintana Roo que cuentan con la clave única de inscripción (CLUNI), ante la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El hecho de que las asociaciones civiles cuenten con registro, sin duda les da mayor seriedad y legitimidad; sin embargo, no las exenta de poder ser organizaciones “sociales” creadas a modo para apoyar intereses clientelares o para legitimar “consultas ciudadanas”, sin una participación ciudadana efectivamente democrática.

De acuerdo a la información pública, disponible en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil , en nuestro estado hay 286 asociaciones civiles, de las cuales 189 se encuentran activas y 97 inactivas, es decir, la tercera parte se encuentran bajo este estatus. Estas asociaciones pueden tener más de un objeto hacia el cual dirigen sus actividades, por ejemplo, trabajar temas relacionados con la equidad de género y también dar asistencia jurídica.
De este universo total de 286, las asociaciones civiles cuyo objeto se encuentra dentro del ámbito de actividades “cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público”, son un total de 43, de las cuales 29 están activas y 14 inactivas. En el perfil de asociaciones dedicadas a la “promoción de la equidad de género” hay registradas 40, 28 activas y 12 inactivas. Por su parte son 55 las asociaciones que tienen por objeto “el apoyo en la defensa y la promoción de los derechos humanos”, de las cuales 39 están activas y 16 inactivas.
Lo que se infiere de manera general de la información revisada es lo siguiente: 1) Un porcentaje considerable del total de las asociaciones civiles que cuentan con CLUNI se encuentran inactivas por no haber cumplido, en tiempo y forma, con requisitos como la entrega del informe anual de actividades al que están obligadas, 2) Una gran parte de éstas no evidencian registros de haber concursado o recibido apoyos o estímulos públicos o privados para consolidar sus objetivos, lo cual puede ser un indicativo de la poca eficiencia que tienen estas organizaciones para consolidar las metas bajo las cuales fueron creadas o, por otro lado, podría ser reflejo de que estas asociaciones surgen de manera coyuntural y sin un proyecto de desarrollo bien estructurado, 3) Una ventaja de que las asociaciones estén debidamente registradas es que sus actividades y financiación son información pública que cumple con el principio de transparencia, cuestión que no sucede con asociaciones que no tienen dicho registro.
El politólogo Philippe Schmitter ha advertido respecto al hecho de que “la sociedad civil no es una completa bendición para la democracia. Puede afectar la consolidación y el funcionamiento subsiguiente de la democracia de varias formas negativas”. Por ejemplo, señala Schmitter, “ésta puede incorporar dentro del proceso político una distribución de influencia sistemáticamente sesgada o tiende a imponer un proceso elaborado y oscuro de compromiso sobre la vida política”. Cuestión que suele presentarse de manera constante en democracias emergentes, donde la bandera de la sociedad civil es impulsada y patrocinada desde el paternalismo oficial, con la finalidad de ser utilizada como un mecanismo legitimador e instrumento para seguir incentivando un pluralismo limitado, donde la deliberación se vuelve opacidad y la participación ciudadana corporativismo, tanto para beneficiar intereses particulares como para controlar o desincentivar las expresiones legítimas de asociacionismo y de participación ciudadana democrática. Por tanto, tener sociedad civil no necesariamente es lo mismo que tener una ciudadanía democrática, ya que dentro de esta sociedad civil coexisten diversas especies de ciudadanos; desde demócratas reales en busca del interés común, hasta simuladores que son instrumentos de legitimación, y que en lugar de aportar al bienestar colectivo vulneran la construcción de la sociedad plural, democrática y madura que nuestro presente requiere.